Las iglesias evangélicas y el gobierno venezolano, por José María Abreü

CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE IGLESIAS ENVANGÉLICAS CON EL GOBIERNO BOLIVARIANO DE VENEZUELA

                                                                                                                                    Lic José María Abreü

Es cierto que en los últimos meses de este año sí se ha evidenciado un acercamiento entre el Consejo Evangélico Venezolano y la administración del recientemente electo Presidente  Nicolás Maduro. Maduro hizo público llamamiento a todas las Iglesias para que se involucraran más en la vida de las comunidades en donde están presentes, en procesos de desarme de delincuentes que el gobierno lleva adelante, en actividades que promuevan valores sociales, deportivos y culturales, y reconoció la importancia de las iglesias evangélicas en estos aspectos, especialmente en los barrios populares.

¿Es nuevo este reconocimiento? No. Desde el comienzo de su gobierno, Chávez mantuvo una actitud francamente amistosa hacia las Iglesias Evangélicas. Históricamente, fue el primer presidente que habló de “las iglesias”, y no solo de “la Iglesia”, que en boca de los presidentes anteriores solo refería a la Iglesia Católica. Y fue más allá, cuando incorporó en su gabinete personas relacionadas con el mundo evangélico o protestante: su primera vicepresidenta, Adina Bastida Castillo, era de tradición protestante, algo que molestó a la Jerarquía Católica, y otros evangélicos ocuparon cargos en el área económica, y hasta uno de sus Ministros de la Defensa era evangélico. Se llegó a hablar de un “círculo evangélico” en la Fuerza Armada Nacional (FANB);  Chávez mismo gustaba de referencias bíblicas en sus discursos, leía la Biblia en sus programas de TV, “Aló Presidente”, y en el mismo Congreso Nacional, leyó extensamente textos en el libro de Hechos referidos a la vida de la primera Iglesia, en un intento por mostrar que sus ideas sobre el Socialismo del Siglo XXI no eran ajenas al pensamiento cristiano bíblico..

Pero no solo fueron discursos. Chávez promovió la democratización de las comunicaciones radioeléctricas en el país, con la intención de quebrar el control monopólico que las empresas privadas ejercían sobre el espectro radio-eléctrico nacional, que es propiedad del Estado. En este sentido, facilitó a muchas iglesias evangélicas la instalación de emisoras de radio y estaciones de TV, algo que era simplemente impensable durante los años de la llamada IV República, cuando la Iglesia Católica controló la Dirección de Culto del Ministerio de Justicia. Bastaría hacer un estudio para censar el número de emisoras de radio y de TV evangélicas antes y después de Chávez.

¿Qué pasó entonces? En mi opinión, las relaciones entre el gobierno bolivariano y las Iglesias se tensaron, se hicieron algo conflictivas, cuando, a raíz de la aprobación de un conjunto de Leyes que profundizaban el carácter socialista del proyecto de Chávez, en los años 2001 a 2003,  las Iglesias ubicadas en el llamado Consejo Evangélico Venezolano (CEV)  se identificaron con las posturas de sectores políticos de la derecha tradicional desplazada del poder, de factores económicos, como el sindicato de empresarios llamado Fedecámaras, y organizaciones sociales de clase media, que se opusieron abiertamente al proyecto socialista. En ese sentido, la postura del CEV fue casi idéntica a la de la Jerarquía Iglesia Católica, la CEV. Como bien sabemos, esta confrontación culminó con el golpe de estado del año 2002 y el paro-sabotaje petrolero del 2002-2003.

La actuación pública de los dirigentes del Consejo Evangélico dejó mucho que desear. Circularon en las iglesias supuestos proyectos de leyes chavistas según las cuales las iglesias serían clausuradas, el Estado le quitaría los hijos a los padres para enviarlos a Cuba, prohibiría la educación religiosa, y otras cosas. Tales proyectos no existieron, y en algunos casos circularon en las iglesias documentos manipulados por intereses políticos de la derecha a fin de restar apoyo de las iglesias evangélicas al gobierno. Unido a esto, la actuación pública de algunos dirigentes del CEV fue desafortunada. Aparecían declarando en los canales de TV plenamente identificados con la oposición política. En las horas previas al golpe, el CEV realizó un culto de oración, convocado para orar por la paz del país, noble propósito pero con  el error de hacerlo en la misma plataforma desde la cual saldría al día siguiente la fatídica “marcha hacia Miraflores”, que bien sabemos causó numerosos muertos que justificarían el golpe de estado del 11-13 de abril del 2002.

Después de su regreso al poder, al fracasar el golpe mediático-militar, el Presidente Chávez profundizó su proyecto y se declaró abiertamente socialista. Y desde entonces, el panorama político venezolano tiene dos frentes: un modelo que apuesta por un nuevo orden social y económico orientado por la inclusión social de las mayorías marginadas de la educación, de la salud y de las viviendas, de la cultura, etc, proyecto definido como “de transición hacia el socialismo”. Frente a esto, grupos políticos y sociales, que sin  desarrollar un proyecto realmente alternativo, hasta el día de hoy, solo procuran el rescate y defensa de los antiguos intereses de las clases dominantes, obviamente identificados como “modelo capitalista neoliberal”;  es decir, “volver al pasado”,  y sea  como sea, es decir, sin excluir nuevos intentos de desestabilización política.

 Obviamente, la sociedad venezolana está polarizada, dividida, como siempre lo estuvo. Pero la polarización es de tipo político, de confrontaciones ideológicas dentro de las reglas del juego democrático. En Venezuela se han celebrado más de 15 procesos electorales en 14 años; en la mayoría de tales procesos, el proyecto socialista ha sido beneficiado con la voluntad mayoritaria de la población. Hasta ahora ha sido así, pero no hay garantía de que no se pase a otro nivel de confrontación, sobre todo por la intromisión de factores externos que juegan en el campo de los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos. 

En el campo eclesiástico, la división era inevitable, y fue ostensible después del fracasado golpe. Por un lado, la Jerarquía Católica de la Conferencia Episcopal (la CEV) y el sector agrupado en el Consejo Evangélico Venezolano (el CEV), algo más discreta la participación de un sector identificado con la Comunidad Judía. Su Rabino, Pynchas Brener, apareció públicamente identificado con el golpe de estado. Y por el otro, sacerdotes y monjas católicas que trabajan en sectores populares, barrios pobres, comunidades rurales, etc, algunos Obispos más o menos simpatizantes de la Teología de la Liberación, y pastores evangélicos, especialmente pentecostales y reformados, y algunas denominaciones como la Unión Evangélica Pentecostal Venezolana, algunos pastores de  iglesias independientes, grupos o asociaciones de “cristianos por el socialismo”, que han surgido en forma espontánea en los últimos años.

Es pública y notoria la seria confrontación que la CEV católica mantuvo contra Chávez y el proyecto socialista. Ante la debilidad de los partidos políticos, los medios de comunicación de los sectores poderosos de la economía y la CEV católica asumieron el rol perdido por los partidos políticos tradicionales de la derecha; es decir, asumieron abiertamente un rol político, y fueron las voces de los sectores sociales opuestos al proyecto socialista. Ante esta realidad, Chávez tuvo que golpear donde más le duele a la Iglesia Católica: en lo económico, ordenó una revisión del Concordato con el Vaticano, redujo notoriamente el sostenimiento económico de la CEV, pero sin afectar a los proyectos sociales católicos, especialmente en el campo educativo, en el cual incluso mejoró notablemente la condición de los maestros y sacerdotes de las escuelas católicas, que fueron incorporados a la Seguridad Social y recibieron homologación de sueldos y beneficios propios de la Educación Pública.

En esta confrontación con la Jerarquía Católica, Nuncios del Vaticano se involucraron en situaciones abiertamente opositoras al gobierno, apoyando y protegiendo a personas enjuiciadas por hechos de violencia política. El caso más notorio fue el asilo otorgado por el Nuncio Berlocco al dirigente político Nixon Moreno, acusado y enjuiciado por intento de violación de una funcionaria policial. Era evidente que la relación con el Vaticano se deterioraba. Debo señalar que, contrario a lo que yo esperaba, no hubo ninguna declaración pública de apoyo por parte del Consejo Evangélico cuando el gobierno anunció su intención de revisar el Concordato con el Vaticano, una de las grandes aspiraciones políticas de los evangélicos durante las décadas la IV República.

Pero el Vaticano decidió actuar para “control de daños”, hizo cambios en la Nunciatura y dio señales de acercamiento con el gobierno, promovió la remoción de los obispos de la CEV más públicamente comprometidos con el golpe y con posiciones políticas de extrema derecha, hizo que el Cardenal Urosa Sabino moderara su discurso político, y colocó a Pietro Parolín como Nuncio Apostólico, el cual propició un diálogo con todos los sectores políticos y llevó a cabo una excelente operación de “control de daños” de las deterioradas relaciones con el gobierno causada por las actuaciones de Nuncios anteriores.

Del lado evangélico, aunque los dirigentes del CEV mantuvieron un perfil bajo, se hacía cada vez más evidente la identificación de un amplio sector de evangélicos, pastores y fieles, con la oposición, especialmente expresada en la candidatura de Henrique Capriles. Una, quizás la más evidente, de las razones de tal apoyo tuvo que ver con la postura tomada por el Presidente Chávez frente a las políticas del Estado Judío en relación con la cuestión de Palestina. Era público el apoyo de Chávez a Palestina y su dura crítica y  denuncias ante acciones de violenta represión militar de Israel contra el pueblo palestino. Y aquí jugó un papel muy importante la identificación, yo la llamo “ingenua”, del pueblo evangélico con el Estado Judío, considerado como “El Pueblo de Dios”. No parece haber dudas de que este asunto dividió aún más a los evangélicos frente al gobierno de Chávez y animó la identificación con Henrique Capriles, un candidato que en su formación tuvo estrechos lazos con la secta ultraderechista de orientación católica conocida como “Tradición, Familia y Propiedad”. Este tema merece ser profundizado aún más, pero no es posible ahora.

Esta era la situación de Venezuela, desde el punto de vista político-religioso, a la llegada del Nicolás Maduro como sucesor de Hugo Chávez. Se notó el esfuerzo de Maduro para propiciar un acercamiento con la Jerarquía de la Iglesia Católica. Sin duda, aprovechó el esfuerzo de  “control de daños” del Nuncio Parolín, y  Maduro aprovechó en parte la atmósfera espiritual, emocional y religiosa que envolvió al país a raíz de la muerte del Comandante Hugo Chávez, para hacer llamados a la paz y al diálogo, y a la incorporación de las iglesias a las políticas sociales del gobierno, y en especial a los planes de desarme de la población, impulsados por Maduro con la aprobación de una Ley Especial de Desarme. Tanto la CEV católica como el CEV protestante respondieron positivamente a ese llamado y acudieron al diálogo con el gobierno para concretar formas de colaboración de las iglesias con la lucha contra la violencia, la delincuencia y a la política de desarme.

He considerado necesario esta algo extensa contextualización para poder responder las preguntas:

1.     ¿Con la muerte del Presidente Chávez, es este nuevo reconocimiento legal un hecho positivo para las iglesias evangélicas en Venezuela?

2.     ¿o se beneficiarían más de permanecer bajo el radar del gobierno de las iglesias?

3.     En otras palabras, ¿qué diferencia tendría su muerte para las iglesias?

4.     ¿Cuáles son los pros y los contras de este reconocimiento por parte del gobierno?

5.     Quizás, las iglesias quisieron obtener el reconocimiento legal bajo Chávez, y si es así, ¿todavía lo quieren con el presidente Maduro?

El reconocimiento legal, o el otorgamiento de la “personalidad jurídica” a las Iglesias Evangélicas en Venezuela es un problema de larga data, y su tratamiento fue muy conflictivo y fluctuante durante los años de los gobiernos de la IV República, que fueron una alternancia entre gobiernos social demócratas y gobiernos socialcatólicos. Durante las administraciones de ambos partidos políticos, la Dirección de Culto, ente adscrito al Ministerio de Justicia, hoy llamado Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, siempre estuvo a cargo de alguien muy identificado con la Iglesia Católica, lo que hacía más difícil el proceso para obtener la personalidad jurídica o el registro de las iglesias evangélicas, las cuales, en razón del Concordato con el Vaticano, no tienen en realidad reconocimiento como iglesias, sino como entidades civiles o fundaciones sin fines de lucro.

Además de estas dificultades, está la realidad abrumadora de la proliferación de grupos u subgrupos sin filiación eclesiástica definida con alguna de las denominaciones evangélicas conocidas. Son tenidas como “iglesias independientes”, funcionan en torno a un pastor o líder, comúnmente separado de alguna denominación o iglesia mayor; es decir, producto de divisiones y subdivisiones. Esta es la realidad de miles de iglesias o congregaciones esparcidas por todas partes. La inmensa mayoría funcionan en locales inapropiados, casas o salones alquilados, sin documentación registrada o notariada de sus directivas o autoridades, sin control de sus finanzas, sin transparencias en sus movimientos financieros, lo que se presta para abusos. 

Considero que es muy positivo que el actual gobierno del Presidente Maduro intente proveer algún tipo de reconocimiento legal que permita poner un poco de orden en ese archipiélago religioso, con apariencias de caos, que es el mundo evangélico. Entiendo que se pretende agilizar los trámites o la documentación que se requiere: documento de propiedad o de alquiler del local donde funcionan, registro notariado de la directiva de la fundación, aval de los Consejos Comunales de la zona en donde se encuentran, aval que no es exclusivo a entes religiosos.

Este proceso es una continuidad de la administración del expresidente Chávez, y no creo que represente cambios significativos en razón de la muerte de Chávez, aunque es posible que haya sido una respuesta de  Maduro a alguna queja del CEV en relación con la acumulación de expedientes de tales iglesias en la Dirección de Culto del Ministerio de Justicia.  Considero que hay más ventajas que desventajas para las iglesias, pues hacen más transparentes sus relaciones con el gobierno, facilitan sus relaciones comerciales, asistenciales, sus responsabilidades civiles.  Creo que las iglesias que tendrían algo que temer, algunas reservas, a este proceso de legalización serían esas que manejan transferencias de dinero hacia las iglesias matrices en el exterior. Estoy pensando en grupos como Iglesia Universal del Reino de Dios, las llamadas iglesias “Pare de Sufrir”, subsidiarias de grupos brasileños.

También pueden tener reservas aquellas iglesias que tienen especiales relaciones con Megas Iglesias o Tele-evangelistas residenciados en Estados Unidos, con  las cuales, al parecer, hay compromisos para enviar dinero, lo cual es un tema delicado. No descarto que el gobierno, por razones de seguridad nacional frente a las amenazas abiertas del gobierno de Estados Unidos, pueda tener también sus reservas con estas iglesias, que han proliferado en los últimos años, bajo la cobertura de Ministerios basados en Estados Unidos, las cuales pudieran ser vinculadas a organizaciones financiadas por el gobierno de los Estados Unidos, con las implicaciones políticas que esto conlleva.

Por lo tanto, considero que sí hay interés mayoritario en las iglesias evangélicas en lograr sus registros como fundaciones civiles no lucrativas, aunque lo ideal sería alcanzar el reconocimiento como entidades religiosas. Creo que tanto Chávez como Maduro dieron reconocimiento público a las Iglesias evangélicas, algo que nunca hicieron los gobernantes anteriores, y que otorgaron beneficios tales como permisos para emisoras de radio y de televisión, apoyos económicos para actividades sociales, como la recuperación de personas dependientes de drogas y alcohol, o en situación de nómadas en las calles. Es lamentable que aún tengan que ser consideradas como fundaciones civiles sin fines de lucro, pero eso es un problema heredado de la legislación anterior a Chávez.

En mi opinión, las situaciones tensas que pudieran haberse presentado en las relaciones Gobierno-Iglesias evangélicas se han derivado más por reacciones de carácter ideológico-político por parte de líderes, pastores u organizaciones que por acciones específicas del gobierno nacional, que pudieran poner en peligro la existencia y las actividades propias de las iglesias, las cuales realizan todas sus actividades públicas y privadas sin ningún tipo de impedimento, y crecen y se expanden con notable éxito, teniendo todas las ventajas de un régimen político profundamente democrático, aunque de orientación socialista.

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Nota: disculpen lo extenso. Muchas gracias por la oportunidad de comunicarme con Uds, y acá quedamos a la orden, para cualquier consulta que permita aclarar, en mis posibilidades modestas, algunas cosas que a veces son manipuladas por agencias de información---José M. Abreu O., Cumaná, Venezuela